Quintana Roo prepara Ley de Movilidad para regular a Uber
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La secretaria local de Gobierno, Cristina Torres, informó que antes del 26 de febrero deberá estar lista la nueva Ley de Movilidad de Quintana Roo, con la cual se dará una nueva regulación a las plataformas de transporte tipo Uber en el estado, ya sin la necesidad de tramitar una concesión.
Para ello, hasta el 3 de febrero se mantendrá habilitado un micrositio en la página del Congreso de Quintana Roo para recoger opiniones y sugerencias ciudadanas sobre esta reforma.
Se propone poner fin al conflicto entre el gremio de taxistas y Uber, el cual inició en el 2016, con la entrada en operaciones de esta plataforma en Cancún. Dos años después, se aprobó una nueva la Ley de Movilidad que impuso desde entonces a Uber la obligación de tramitar una concesión ante el gobierno del estado para poder operar.
Ese mismo año Uber se amparó y obtuvo en el 2019 la suspensión de los efectos de la ley, hasta que el pasado 11 de enero del 2023 los tribunales en Cancún le dieron definitivamente la razón, al declarar inconstitucional la Ley de Movilidad que los identificaba como servicio público.
Al existir un fallo previo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que Uber es sólo el enlace entre dos privados, uno con disponibilidad de vehículo y otro con la necesidad de desplazarse a un determinado sitio, los tribunales en Cancún decidieron que el gobierno de Quintana Roo no puede imponerle a la empresa el requisito de una concesión pública para poder operar en el estado.
Sin embargo, desde el 2016 y aún posterior al fallo del pasado 11 de enero de este año, los socios conductores de Uber, como los denomina la propia empresa, han seguido enfrentándose a persecuciones, amenazas de muerte y golpizas por parte de taxistas, principalmente del sindicato Andrés Quintana Roo, con sede en Cancún, pues ven en las aplicaciones digitales de transporte una competencia desleal.
Cristina Torres sostuvo una reunión con representantes del gremio taxista el pasado 30 de enero, en la cual se habló de la conformación de las mesas de trabajo para el nuevo marco normativo, estableciendo que en caso de presentarse cualquier acto contra el Estado de Derecho habrá consecuencias jurídicas.