Absuelven a científicos y exfuncionarios acusados por el Conacyt y la FGR de lavado de dinero y delincuencia organizada

Después de dos años, cinco de los 31 académicos y ex administrativos del extinto Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. recibieron la confirmación del sobreseimiento de su caso, luego de que fueran acusados por delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción, dicho señalamiento fue encabezado por la fiscalía general de la República (FGR) y el entonces, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Esto quiere decir que el Ministerio Público ya no puede investigarlos y acusarlos por los mismos hechos, y menos aún el Poder Judicial llevar un proceso penal en su contra ni condenarlos.

Así fue como José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León y Marcial Bonilla en la sesión celebrada el 11 de mayo de 2023, en el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, confirmaron el sobreseimiento dictado el 13 de enero de 2023 por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, Gregorio Salazar.

El Juez de Control señaló que todos los hechos investigados en la carpeta FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021 no son constitutivos de delito. Cabe recordar que en esa carpeta eran investigados los académicos en virtud de una denuncia presentada por el Consejo, en relación a los fondos destinados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., asociación que sirvió como órgano asesor de dicha institución hasta su disolución en el año 2020.

Consultados los defensores de los científicos, los abogados afirmaron que el tribunal colegiado de apelación confirmó la resolución de sobreseimiento apelada, y la tuvo por fundada y motivada, y ordenó archivar el asunto como totalmente concluido.

En esencia se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro por parte del Conacyt en el periodo 2013-2019 a través de sus directivos, fue con todas las facultades y bajo la ley establecida en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en el momento de los hechos. Además, las actividades mencionadas están fuera del actual Estatuto Orgánico del entonces Conacyt, que había sido modificado recientemente y en el que, en efecto, ahora ya no contemplaba la existencia de la Asociación Civil, sino de un órgano interno con el mismo nombre.

Las demás acusaciones penales como uso ilícito de atribuciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, tampoco fueron avaladas usando las mismas razones expuestas.

Previamente se había cerrado el caso de cuatro científicos del grupo de 31 exfuncionarios señalados, ahora son 22 los que siguen en proceso, pero que esperan que con estos antecedentes pronto resuelvan el asunto de la misma manera.

Exigen una disculpa pública

Sobre este caso, el doctor José Franco asegura que es necesario que las autoridades pidan una disculpa pública, pues las acusaciones no fueron menores y repercutieron en muchos aspectos de sus vidas, además analizan si procederán de manera legal, por las afectaciones a su trabajo y carrera científica. “El daño lo han hecho, además con toda intención, esto no es un accidente, es un daño causado por un deseo explícito perverso”.

Para los científicos señalados este resultado de sobreseimiento representa una victoria personal, pero también de confianza en el sistema judicial y la división de poderes, además de que marcará el regreso a una “normalidad robada”. “Ni modo, nos tocó ser los primeros denunciados”, expresa el Dr. Franco, pero asegura, sigue habiendo temor porque las acusaciones sobre quienes no se han alineado a las formas del actual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (Conhacyt) continúan, como colegas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que recientemente fueron exhibidos por María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo.

“Nos queda claro que estas autoridades trataron no sólo de atemorizarnos, sino de destruir nuestra vida y prestigio, probablemente para mandar una señal al resto de la comunidad: quien estuviera en desacuerdo tendría la misma suerte, el peso de la justicia manipulada por este gobierno”.

En su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre las denuncias contra investigadores, respondió “Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”.

Las doctoras Tagüeña y Dutrénit fueron coordinadoras generales del FCCyT, el doctor Franco, fungió como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias de 2012 a 2014; Teresa de León Zamora, maestra en Ciencias de la Comercialización de Tecnología, fue directora de Comercialización de Tecnologías del Conacyt y Marcial Bonilla fue secretario académico del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.

Los antecedentes del caso

El primer hecho fue la denuncia presentada el 10 de julio de 2020 por Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del exConacyt, en la que manifestaba que entre enero de 2013 y junio de 2019 el Consejo había transferido 244 millones de pesos al Foro de manera ilegal.

Posteriormente a mediados de agosto de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló la legalidad de los recursos y resolvió que Conacyt sí debía otorgar dicho presupuesto al Foro.

Luego la fiscalía general de la República (FGR) inició la carpeta de investigación: FEM/ FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021, para que el Centro de Justicia Penal Federal girara órdenes de aprehensión en contra de 31 personas.

El 24 de agosto de 2021 fue celebrada la audiencia ante el juez Gregorio Salazar Hernández, en el Estado de México, quien consideró que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura, por lo que dio 15 días hábiles para presentar la evidencia.

En septiembre de 2021 un juez federal negó definitivamente girar órdenes de aprehensión en contra de 31 investigadores y personal administrativo de la pasada gestión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC. (FCCyT A.C.)

El juez federal Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, resuelve el pasado 13 de enero de 2023 dictar el sobreseimiento del proceso penal a favor de cinco de los 31 científicos, mismo que fue confirmado este 11 de mayo pasado.