El Senado aprueba que la Sedena tenga control de la Guardia Nacional; pasa al Ejecutivo
El pleno del Senado de la República aprobó el dictamen para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Después de más de 10 horas de debate, Morena y sus aliados del Partido Verde, del Trabajo y Encuentro Social avalaron con 71 votos a favor las reformas en materia de seguridad y Guardia Nacional para que tenga mando militar, pues en el artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional establece que realizará sus operaciones mediante una estructura de mando encabezada por el general secretario de la Defensa.
Mientras que, con 69 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones de Monreal y Alejandra Lagunes del PVEM, el pleno del Senado también aprobó las reformas en lo particular.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, fue el único que votó en abstención, después de anunciar que lo emitiría “a conciencia”, tras decirle a sus alumnos de la UNAM que para que la Guardia Nacional fuera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional se requería de una reforma constitucional, pues en la jerarquía de leyes prevalece la Constitución por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico.
El llamado bloque de contención integrado PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y Grupo Plural sumó 51 votos en contra por considerar que las reformas son la renuncia del estado mexicano a tener una policía nacional civil, profundizan la militarización del país y son inconstitucionales, pues el artículo 21 constitucional establece que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil.
Al presentar el dictamen, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que la Guardia Nacional enfrenta dificultades para el ejercicio del mando táctico y operativo, “a partir de la ausencia de la unidad administrativa y disciplinaria, así como de sentido de pertenencia y espíritu de cuerpo”.
“En esta tesitura la minuta busca encontrar claridad en la línea disciplinaria, facilitar el ejercicio del mando y lograr afianzar el espíritu de cuerpo requerido”, comentó.
Traición a la memoria de Juárez: Martínez Cázares
Sin embargo, el senador Germán Martínez Cázares del Grupo Plural dijo que la minuta a discusión es una traición a la memoria de Benito Juárez, quien quería una Guardia Nacional y un Ejército sin vicios, como también lo quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, según su libro “2018. La Salida”.
“Aquí dice: Crear una Guardia Nacional con apoyo de 220 mil soldados y 30 mil marinos, que en la actualidad permanecen organizados bajo mandos oficiales del Ejército y la Marina. El señor Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán dice que no está autorizado a cortar hojas de la Constitución. Pues yo sí estoy autorizado a cortar hojas de lo que dijo López Obrador”, dijo y cortó hojas del libro, en medio de aplausos de la oposición.
“Ni siquiera Maximiliano, ni siquiera el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares, dice que respetará y auxiliará a la autoridad civil el Estatuto Imperial de Maximiliano en el artículo 48. Es lo que quería Benito Juárez, un poder del ciudadano, no un poder del emperador y por eso ordenó su muerte”, agregó.
Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI recordó que en 2019 por unanimidad el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional y las leyes secundarias que dieron origen a la Guardia Nacional bajo la premisa de que se trataría de una institución civil, pero que en los hechos eso no ocurrió.
“Acordamos que a la par del desarrollo de la Guardia Nacional se fortalecerían las capacidades policiales de los estados y municipios; sin embargo, la realidad es que hemos caminado en la dirección contraria”, lamentó.
“La militarización no es la respuesta, lo digo claramente, aprobar este dictamen es un error y sé que la mayoría de ustedes lo saben, lo que el dictamen muestra es una voluntad inequívoca de cancelar la posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil de alcance nacional que sea fuerte y confiable”, agregó.
En tanto, Damián Zepeda Vidales del PAN criticó que se quiera replicar la misma estrategia fallida desde hace 16 años, con el gobierno de Felipe Calderón.
“¿Qué es esta estrategia? Militarizar, militarizar y militarizar más el país”, dijo el panista.
“No me cabe en la cabeza, se los digo de verdad, no me cabe en la cabeza cómo viendo toda la evidencia de los últimos 16 años, que ha sido un fracaso la militarización del país, hoy se tengan casi el doble de militares encargados de la seguridad pública, con, por supuesto, muchos más homicidios”, prosiguió.
Mientras senadores y senadoras se posicionaban sobre los riesgos o las virtudes de militarizar la Guardia Nacional, la senadora Lilly Téllez del PAN intentó ridiculizar al presidente, acusándolo de “comer sus garnachas sobre la Constitución”, además de señalarlo de tener pactos con el crimen organizado, lo que no cayó bien en la bancada morenista, que amenazó con demandar a la exconductora por “calumnia y difamación”.
“Hoy palidecen las memorias de Luis XVI y sus afanes de grandeza y despotismo ante mesías tropical, ni más ni menos, ante ese que come sus garnachas sobre la Constitución, batea las leyes y pisotea el Estado de Derecho”, dijo Téllez.
“Ustedes no son legisladores son los súbditos del pejelagarto. Ustedes saben que el presidente está enloquecido, incluso les preocupa, y les preocupa mucho”, remató.
En respuesta, Héctor Vasconcelos de Morena anunció que interpondría una demanda contra la senadora panista por “calumnias y difamación” hacia “el presidente de la República y por tanto a México”.
“Usted es una traidora a Morena, porque usted llegó de senadora gracias al presidente”, dijo por su parte la legisladora morenista Lucy Meza.
Control de la GN a la Sedena
El dictamen establece que la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá el control operativo y administrativo de la corporación y que el general secretario de la Defensa estará a la cabeza en la jerarquía de su estructura de mando.
Además, da al titular de la Sedena la facultad de organizar su distribución territorial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica.
También, lo faculta para que proponga al titular de la comandancia al presidente de la República.
Asimismo, asigna a la Sedena la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional y la elaboración de los programas operativos y de estrategia.
En unos de sus artículos indica que el personal militar asignado a la Guardia Nacional “continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el libro segundo del código de justicia militar que atenten contra la jerarquía y autoridad”.
Mientras que, en los transitorios, dispone que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana transferirá a la Sedena en un plazo de 70 días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional.
El bloque de contención anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas legales por contravenir la Constitución.