Gobierno de Quintana Roo presenta denuncia contra Aguakán por irregularidades y contaminación del agua
El gobierno de Quintana Roo, a través de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, anunció nuevas acciones legales en contra de la concesionaria de agua potable Aguakán. La denuncia se basa en el incumplimiento de contrato, irregularidades en la ampliación de su concesión y la contaminación del agua suministrada a los hogares, cuyos niveles de partículas contaminantes superan los parámetros permitidos y ponen en riesgo la salud de la población.
Denuncias por Contaminación y Daño Ambiental
Según la funcionaria, se han detectado bacterias como E. coli y coliformes fecales en el agua descargada al manto freático, lo que representa un daño ambiental irreversible. Las auditorías realizadas incluyeron análisis de calidad del agua potable en escuelas, hospitales y hogares, revelando la presencia de contaminantes en niveles peligrosos para la salud.
Además, se ha documentado que Aguakán no ha cumplido con sus obligaciones en el suministro del servicio, registrando fallas en la distribución, cobros indebidos y una deficiente administración del drenaje sanitario, lo que ha generado descontento social durante años.
Antecedentes de la Concesión y Ampliaciones Irregulares
El gobierno estatal sostiene que la concesión otorgada en la década de 1990 fue prorrogada de manera ilícita en 2014 hasta 2053 y extendida al municipio de Solidaridad sin la debida autorización del Congreso local. Por ello, en mayo de 2024, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual determinó que existían elementos suficientes para proceder legalmente contra directivos de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), empresa matriz de Aguakán.
Postura de Aguakán
En respuesta, Aguakán ha calificado las acciones legales en su contra como un “hostigamiento jurídico” y ha señalado que está dispuesta a negociar una salida anticipada de la concesión, siempre que el proceso se lleve a cabo dentro del marco legal y con una indemnización justa.
La empresa sostiene que ha operado conforme a la ley y ha invertido más de 8,865 millones de pesos en infraestructura en Quintana Roo. Además, argumenta que las tarifas del agua no son fijadas por la concesionaria, sino por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Investigaciones y Siguientes Pasos
El gobierno estatal ha reiterado su compromiso de defender los derechos de los ciudadanos y garantizar el acceso a un servicio de agua potable de calidad. Se espera que las investigaciones continúen y que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades correspondientes.
Este caso mantiene en alerta a la población, ya que el suministro de agua es un servicio esencial, y su gestión debe cumplir con los más altos estándares de calidad y legalidad.