México pospone impuesto a turistas de cruceros
El Gobierno de México anunció que el impuesto de 42 dólares (aproximadamente 850 pesos) por pasajero de cruceros, inicialmente previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2025, se pospondrá seis meses. La nueva fecha de implementación será el 1 de julio de 2025, según informaron representantes del sector turístico y de cruceros.
Este retraso ha generado diversas reacciones en la industria. La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés) valoró la postergación, pero expresó su preocupación por el impacto negativo que el gravamen podría tener en la competitividad de México como destino de cruceros.
Competitividad en Riesgo: Un Costo Elevado para los Cruceros
La FCCA advirtió que este impuesto, sumado al promedio actual de 20 dólares en tasas portuarias, haría que México se convierta en uno de los destinos más costosos del Caribe. Esto podría desencadenar un cambio en los itinerarios hacia otros países de la región, afectando gravemente a las comunidades costeras mexicanas que dependen del turismo.
Michele Paige, directora general de la FCCA, instó al Gobierno mexicano a reconsiderar el impacto a largo plazo de este impuesto. Paige destacó que incluso una reducción del 15 % en las escalas de cruceros podría anular los beneficios fiscales esperados y provocar pérdidas millonarias para sectores locales como transporte, guías turísticos, artesanías y pequeñas empresas.
Impacto en el Empleo y la Economía Local
Por su parte, la Asociación Mexicana de Cruceros (Amepact) subrayó que esta medida podría reducir los ingresos turísticos, ocasionando la pérdida de empleos en sectores clave y una menor recaudación fiscal para el Gobierno. Además, advirtió que México podría dejar de ser competitivo frente a otros destinos del Caribe, lo que representaría una amenaza significativa para los más de 10 millones de pasajeros proyectados para 2025.
¿Qué Sigue para el Turismo de Cruceros en México?
El retraso en la implementación del impuesto fue acordado tras reuniones entre autoridades mexicanas y empresarios del sector. Sin embargo, el debate continúa. Mientras el Gobierno defiende la medida como una fuente adicional de ingresos fiscales, los actores de la industria turística insisten en que este impuesto podría traer consecuencias económicas graves, especialmente en comunidades costeras.