Quintana Roo refuerza la seguridad en el transporte: Delitos de daños y lesiones se investigarán de oficio
Estas reformas buscan garantizar que los delitos relacionados con el transporte, como daños y lesiones, sean investigados de oficio.
En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y combatir la impunidad en el servicio de transporte público y privado, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, celebró la aprobación en comisiones de la XVIII Legislatura del Congreso local de un proyecto de decreto que reforma el Código Penal y la Ley de Movilidad. Estas reformas buscan garantizar que los delitos relacionados con el transporte, como daños y lesiones, sean investigados de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia previa.
¿Qué cambios incluyen las reformas?
Las reformas propuestas por el gobierno de Quintana Roo incluyen modificaciones significativas al Código Penal y la Ley de Movilidad. Entre los principales cambios destacan:
- Nuevas modalidades de delitos y agravantes:
Se añaden los artículos 107 Bis, 162 Bis y 185 Bis al Código Penal, junto con una modificación al artículo 182. Estos cambios establecen sanciones más severas para delitos como homicidio, lesiones y daños relacionados con el servicio de transporte. - Artículo 107 Bis: Aumenta las penas hasta un 50% si los delitos ocurren durante la prestación del servicio de transporte. Si las víctimas son menores de 18 años o turistas, las penas podrían incrementarse hasta en dos terceras partes.
- Artículo 162 Bis: Establece sanciones de 2 a 6 años de prisión para quienes causen daños a servicios de transporte, ya sea público o privado.
- Artículo 185 Bis: Aumenta las penas hasta un 50% para ataques a las vías de comunicación durante la prestación de servicios de transporte.
- Investigación de oficio:
Los delitos de daños y lesiones relacionados con el transporte serán perseguidos de oficio, lo que permitirá al Ministerio Público actuar sin necesidad de una denuncia previa. Esto busca agilizar la justicia y reducir la impunidad. - Modificaciones a la Ley de Movilidad:
Se reforman los artículos 122, 130, 175 y 176 para establecer criterios claros que permitan retirar, suspender o cancelar licencias de conducir, permisos y concesiones cuando se cometan delitos relacionados con el transporte.
Impacto en la seguridad y el turismo
Quintana Roo, uno de los destinos turísticos más importantes de México, enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, especialmente en el sector transporte. Estas reformas buscan proteger no solo a los residentes locales, sino también a los millones de turistas que visitan el estado cada año. La gobernadora Mara Lezama destacó que no habrá tolerancia para quienes atenten contra la vida, seguridad y bienes de los usuarios, ciudadanos y turistas.
Participación ciudadana y consenso
Las reformas son el resultado de un proceso participativo que incluyó mesas de trabajo con representantes del sector público y privado, así como la integración de propuestas ciudadanas. Este enfoque colaborativo refleja el compromiso del gobierno de Quintana Roo con la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones.
Un paso hacia el Nuevo Acuerdo por el Bienestar
Estas reformas se suman al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, una iniciativa que busca transformar el estado con un enfoque humanista y feminista, colocando a las personas en el centro de las decisiones. La gobernadora Lezama enfatizó que estas medidas garantizarán una sana competencia entre los servicios de transporte público y privado, protegiendo el sustento de las familias y el derecho de los usuarios a elegir libremente su medio de movilidad.
Con la aprobación de estas reformas, Quintana Roo da un paso firme hacia la erradicación de la impunidad en el sector transporte. Las nuevas disposiciones no solo fortalecen el marco legal, sino que también envían un mensaje claro: no habrá tolerancia para quienes cometan delitos que afecten la seguridad y el bienestar de la población. Estas medidas, respaldadas por la participación ciudadana y el consenso de diversos sectores, refuerzan el compromiso del gobierno estatal con la justicia y el desarrollo sostenible.