SCJN: Ministros Aceptan Recorte Salarial y Solicitan Mayor Presupuesto para 2025
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado decisiones significativas en su reciente sesión, acordando una reducción salarial para los ministros, así como la solicitud de un incremento del 2.3% en su presupuesto para el año 2025. Este incremento equivale a un total de 5 mil 922 millones 900 mil pesos, y se presenta en un contexto en el que la Cámara de Diputados implementó el recorte más grande en la historia de la Corte durante 2024.
La propuesta, presentada por la ministra presidenta Norma Piña, fue aprobada con el respaldo de ocho votos a favor, aunque también recibió la oposición de Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz. Este nuevo presupuesto es 23.7% inferior, en términos reales, al autorizado en 2018, lo que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad de las operaciones de la Corte.
La SCJN destacó que el recorte presupuestal de 2024 fue de 321 millones 900 mil pesos, equivalente al 5.3% de lo solicitado. Ante esta situación, la Corte ha llevado a cabo un riguroso ejercicio de planeación y programación para identificar los recursos necesarios para atender sus responsabilidades. Se comprometió a operar bajo principios de racionalidad y austeridad, en consonancia con las políticas de contención del gasto que se implementaron desde el ejercicio fiscal de 2023.
Del presupuesto solicitado, se destinarán aproximadamente 4 mil 813 millones 200 mil pesos para cubrir salarios y prestaciones de los trabajadores de la Corte, garantizando así sus derechos laborales en conformidad con la reciente reforma judicial.
Además de la reducción salarial de los ministros, también se han ajustado los sueldos de los funcionarios de mando dentro de la Corte. Sin embargo, la ministra Lenia Batres expresó su preocupación a través de su cuenta de X, señalando que el proyecto de presupuesto no contempla la eliminación de los fideicomisos administrados por la Corte ni la supresión de seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, los cuales son considerados ilegales según la Ley de Austeridad Republicana. Batres añadió que la reducción de las remuneraciones de los ministros solo implica la eliminación del pago de riesgo.
Este acuerdo marca un momento crucial para la SCJN y plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la justicia en México y el manejo de sus recursos financieros.