Víctimas del 9N obtienen amparo: les dieron solo 130 mil pesos por reparación de daños

CANCÚN.- De acuerdo con información de “El Universal”, el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Quintana Roo, concedió un amparo a 11 víctimas directas de la  represión arma registrada el 9 de noviembre de 2020 (9N), para efectos de declarar insubsistentes los dictámenes de reparación integral de daños, emitidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEQROO), a la cual ordena reponer el procedimiento para elaborar nuevas resoluciones.

El fallo del Juzgado data del 29 de octubre de este año, respecto a las 11 demandas de amparo -del número 885 al 835- promovidas el 9 de julio de este año por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), respecto a igual número de dictámenes de reparación, presentados a las víctimas el 15 de junio de este año.

La resolución fue notificada la semana pasada y, además de dejar insubsistentes los 11 dictámenes y ordenar elaborar otros, el punto más relevante es que para realizar los anteproyectos se tendrán que contemplar las demandas de las víctimas y hacerles partícipes de todo el proceso, destacó Wendy Galarza, quien el 9N recibió dos impactos de bala y una reparación de 130 mil pesos, de acuerdo con el dictamen emitido el 18 de junio.

Sin embargo, la cantidad se vio reducida a un depósito bancario de 8 mil pesos, pues le restaron los 100 mil pesos que el gobierno municipal entregó a cada víctima en diciembre de 2020, a manera de anticipo, como una suerte de reparación “adelantada” e inmediata que sumó un total de 1.3 millones de pesos, previo a la emisión del dictamen final.

Además, también le restaron los 22 mil pesos correspondientes al pago de las terapias psicológicas y la rehabilitación física.

El dictamen no contempla las implicaciones de los errores cometidos en la primera evaluación médica que recibió en el Hospital General “Jesús Kumate”, en la que solo detectaron una lesión por arma de fuego y no el segundo disparo.

La propia Wendy no se había dado cuenta que una segunda bala había entrado en su cuerpo, pues atribuía el dolor a los golpes recibidos durante la agresión que sufrió.

El 11 de noviembre al acudir a presentar su denuncia ante la Fiscalía General del estado (FGE), fue conducida al área de médicos legistas, quienes se percataron de que la joven presentaba una segunda lesión, ya agravada. Impedida ya para moverse, Galarza lo notificó a su asesor victimal de la CEAVEQROO para ampliar su declaración, pero el servidor público no lo hizo.

La situación dice tuvo un impacto en la determinación del monto de la reparación integral que le fue contabilizada.
 

 Con información de “El Universal”/Adriana Varillas