Golpe al Gobierno de Mara Lezama: Tribunal ordena reinstalar a funcionaria señalada por despojos en Cancún
En 2021, una grave red de corrupción vinculada al exgobernador Roberto Borge salió a la luz en Cancún. La entonces alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, actualmente gobernadora de Quintana Roo, denunció que más de 700 familias habían sido despojadas de sus viviendas a través de falsificación de escrituras, simulación de adeudos y otros métodos fraudulentos.
Entre los implicados señalados estaban Jeanina Medrano, exdirectora de ingresos coordinados, el abogado Fernando Mendoza Martínez y el notificador Limberg Humberto Gual. Según las investigaciones, este grupo operaba con el respaldo de la notaría 114 y ciertos grupos inmobiliarios, afectando gravemente el patrimonio de cientos de familias en Cancún.
La red fue destapada gracias a la denuncia de una ciudadana en 2018, quien descubrió irregularidades al intentar pagar el predial de su casa, solo para enterarse de que el municipio había iniciado un procedimiento de venta de su propiedad. Este caso desató una serie de acusaciones similares que señalaron cómo la corrupción había permeado diversas instancias locales.
Repercusiones legales y polémica reciente
El 12 de julio de 2024, el Tribunal de Justicia Administrativa emitió un fallo a favor de Jeanina Medrano Galindo, ordenando su reincorporación como funcionaria pública. Según el tribunal, las pruebas presentadas en su contra no fueron suficientes para justificar su destitución, lo que provocó un intenso debate sobre la eficacia de los procesos legales y los mecanismos de control gubernamental.
Este fallo ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia y la capacidad de las autoridades municipales para sancionar actos de corrupción. Mientras las denuncias iniciales apuntaban a graves irregularidades, la absolución de Medrano expone posibles fallos en la recopilación y manejo de pruebas durante el proceso judicial.
El caso evidencia la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de rendición de cuentas y control interno en las administraciones municipales. La controversia no solo refleja deficiencias en los procesos legales, sino que también pone en duda la capacidad de las instituciones para proteger los derechos de los ciudadanos afectados.
Este caso emblemático subraya la importancia de garantizar que los actos de corrupción no queden impunes, reforzando las políticas de transparencia y el estado de derecho en Quintana Roo y en todo México.