Suspenden ordenamiento de planeación urbana de Cancún

El Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún concedió la suspensión provisional del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio Benito Juárez, lo cual implica la suspensión de las licencias de construcción y demás permisos que afecten manglares y humedales que emitió la autoridad municipal, con base en ese documento aprobado hace poco menos de dos meses.

Así lo dio a conocer la asociación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) –misma que promovió los amparos que paralizaron temporalmente el Tramo 5 del Tren Maya–, según la cual el amparo contra el PDU debería también paralizar las obras del Puente Nichupté, otro proyecto del gobierno federal que actualmente se construye en Cancún.

Sin embargo, la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, aseguró que la suspensión de PDU no tiene el alcance que refieren los ambientalistas, pues el ayuntamiento no tiene injerencia en las obras de orden federal, es decir, que la autoridad local no emitió permisos que autoricen la construcción del puente, por lo que éste deberá seguir adelante.

El secretario general, Jorge Aguilar Osorio, aseguró que el amparo no tiene efectos, dado que el ayuntamiento no ha emitido licencias de construcción sobre manglares o humedales, ya que no es facultad municipal, por lo que no existe licencia de construcción que deba ser suspendida como efecto del amparo.

Los hechos

El puente Nichupté está incluido dentro de uno de los 11 polígonos de actuación en los que se divide el PDU suspendido, lo cual asegura la organización DMAS que es uno de los motivos por los que la obra debe suspenderse, pues además el puente atraviesa una amplia zona de manglar que de hecho es un área natural protegida conocida como Manglares de Nichupté.

“La consolidación del Puente Nichupté y el impacto generado por su construcción requiere de acciones urbanísticas integradas, es por ello que se establecen dos polígonos de actuación integrados en un solo sistema de actuación con la intención de intensificar los usos y parámetros urbanos de los predios colindantes al puente. Esto, con una visión del reparto equitativo de cargas y beneficios que este proyecto generará para la ciudad”, se lee en el PDU-2022, suspendido provisionalmente por un juez.

Sobre ese punto, el fallo del juez refiere de manera textual: “para el caso de las licencias de uso de suelo, licencias de construcción y/o ampliación de edificaciones, basadas en el PDU 2022, que en su caso las autoridades responsables hayan concedido y que afecten humedales, manglares y cenotes, el ecosistema Kárstico y al Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), se suspendan las actividades vinculadas con obras civiles”.

El fallo del juez va más allá, ya que le pide al ayuntamiento de Benito Juárez especificar las “fuentes oficiales” que utilizó y que concrete cómo las usó, ya sea documentales o de estudio de campo, de impacto económico, biológico ambiental o de impacto social, para la emisión del Programa de Desarrollo Urbano 2022, es decir, que el juzgado analizará los fundamentos de la autoridad municipal para verificar la validez de todo el documento.

Previo al amparo, no sólo organizaciones ambientalistas, sino la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres se manifestó en contra del PDU, pues en uno de sus apartados se deja la puerta abierta para la construcción de hasta 3,000 unidades de alojamiento en la zona hotelera de Cancún, específicamente en el exclusivo desarrollo Pok Ta Pok.

Las objeciones al documento también refieren que no se socializó con los habitantes de Cancún y que además de la sobredensificación que permite en la zona hotelera carece de índice de resiliencia urbana, de estudios de capacidad de carga frente a la falta de infraestructura de agua, drenaje y energía eléctrica.

ambién sus detractores aseguran que adolece de información de Altas de Riesgo que proteja humedales, manglares, cenotes y, por ende, a la población, así como de estudios de movilidad, entre otros.